Señor Juez:

Cristina Fernández de Kirchner, en mi carácter de pretensa querellante, en la causa Nº 4211/16, en trámite por ante ese Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 12, Secretaría Nº 24, con el patrocinio del Dr. Carlos Alberto Beraldi, CUIT 20-13430665-4, a V.S. digo:

1) Que con fecha 13.04.2016 los Diputados Nacionales Héctor Recalde, Diana Conti, Luis Cigogna, Carlos Moreno, Nilda Garré, Juliana Di Tullio, Carlos Kunkel, Teresa García, Marcos Cleri y Rodolfo Tahilade formularon denuncia en virtud de una serie de episodios de alta gravedad institucional, solicitando que se investiguen y determinen las responsabilidades penales que pueden serle atribuibles en los mismos al Presidente del Banco Central de la República Argentina Federico Adolfo Sturzenegger, al titular del Jugado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Claudio Bonadío, y a toda otra persona que hubiera tomado participación en ellos.

2) En la denuncia en cuestión se llevó a cabo de manera cronológica la siguiente descripción fáctica:

1. a) El 30 de octubre de 2015, Mario Negri y Federico Pinedo, ambos por entonces presidentes de los bloques de diputados de la Unión Cívica Radical y del Pro, denunciaron un posible delito de defraudación por infidelidad en perjuicio de la administración pública (art. 173, inc. 7°, y 174 inc. 5°, ambos del CP), ello en el marco de la operatoria que se conoce como “compra de dólares a futuro”.

La causa quedó radicada en el Juzgado N° 11 del fuero, a cargo del Dr. Claudio Bonadío, Secretaría N° 22, siendo registrada bajo el número 12.152/15.

1. b) Pese a la plena colaboración brindada por el BCRA, el 17 de noviembre de 2015 el juez Bonadío llevó a cabo un allanamiento en la entidad rectora buscando, en gran medida, la documentación que ya le había sido entregada por la propia entidad allanada.
2. c) Tras el triunfo electoral del Ingeniero Mauricio Macri comenzó a requerirse de manera pública la renuncia de Alejandro Vanoli a su cargo de Presidente del BCRA, hecho que se produjo el 9 de diciembre de 2015.
3. d) El 17 de diciembre de 2015, un día después de que el Ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, anunciara la liberación del tipo de cambio –léase devaluación- el BCRA dictó la Comunicación “A” 5850 por la cual se estableció la nueva normativa para el mercado único y libre de cambios (MULC).

La medida en cuestión importó, a finales del mes de diciembre, una devaluación de la moneda nacional frente al dólar de más del cuarenta por ciento.

1. e) Previo al dictado de la medida antes referida, el Presidente del BCRA requirió y obtuvo del Juez Bonadío una insólita autorización para continuar con el cumplimiento de los contratos de dólar a futuro que se habían pactado, los cuales eran investigados como supuestos hechos delictivos por el propio magistrado.
2. f) Finalmente, para que la operación político judicial cerrara y tuviera una mayor verosimilitud ante la opinión pública, debía quedar consolidado en cabeza de las primigenias autoridades del BCRA toda la responsabilidad de lo sucedido.

En consecuencia, en febrero del corriente año, el juez dispuso, sin fundamento alguno, la convocatoria a prestar declaración indagatoria tanto del Presidente como de los integrantes del Directorio del BCRA al 10 de diciembre de 2015. Además, y de la misma manera arbitraria, se incluyó entre las personas citadas a prestar declaración indagatoria al ex Ministro de Economía Axel Kicillof y a la suscripta, ampliándose la base fáctica de la imputación mediante la inclusión del supuesto delito de asociación ilícita.

3) Ahora bien, en el día de ayer, medios periodísticos dieron cuenta que dentro de la lista de personas y empresas que participaron como adquirentes en la operatoria de dólar a futuro se encuentran actuales funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional así como también sociedades cuyos titulares mantienen una relación de amistad directa con el Ing. Mauricio Macri.

En efecto, en el artículo aparecido en el portal de noticias www.eldestapeweb.com, bajo el título “Dólar a futuro: ¿quiénes fueron los principales compradores?”, se efectúan las siguientes referencias:

“Entre el 8 y el 27 de octubre, la empresa constructora Caputo S.A., propiedad de Nicolás Martín ‘Nicky’ Caputo, amigo de la infancia y hombre de confianza de Macri, operó US$ 3.560.000 a través de los agentes de liquidación y compensación INTL CIBSA S.A. y Capital Markets Argentina con vencimientos que van de febrero a junio de este año. Asimismo, en la lista figura el jefe de asesores del Presidente, José María Torello. También apoderado nacional del PRO, el 27 de octubre Torello invirtió US$ 800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities S.A. que vencieron en febrero. Chery-Socma Argentina S.A. –una asociación entre dos empresas propiedad de Franco Macri- operó entre el cuatro de septiembre y el 23 de octubre US$ 8.000.000 gracias a Puente Hermanos S.A.

Siempre a través de INTL CIBSA S.A., quien también vio una oportunidad en este mercado fue el ex CEO de la empresa LAN y hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Sebastián Lopetegui. Entre el 23 y el 26 de octubre, Lopetegui compró y vendió 310 contratos –que representan 310 mil dólares-: es decir que su neto da 0. Por su parte, el Fondo Pegasus cuyo número uno era el hoy secretario de Coordinación Interministerial, Mario Eduardo Quintana, operó –otra vez por INTL CIBSA S.A.- US$ 1.480.000 a mediados de septiembre del año pasado”.

En otras palabras, entre los supuestos beneficiarios ilícitos de la compra de dólar a futuro, que fuera denunciada por los Diputados Mario Negri y Federico Pinedo, y a los que ellos calificaban como “grandes especuladores en el exterior, grandes empresas, grandes financieras, inversores institucionales y personas físicas de alto patrimonio”, terminaron apareciendo los funcionarios de su propio gobierno o bien empresarios del círculo más íntimo del Presidente de la Nación Mauricio Macri.  

Además, también se señala que La Nación S.A. y Cablevisión S.A. operaron en el mercado de compra de dólares a futuro con “4 y 11 millones de dólares respectivamente”. La primera operó entre el 20 y el 30 de octubre a través de Facimex Valores S.A. y la segunda lo hizo entre el 1° de septiembre y el 12 de noviembre con Puente, Facimex y Mariva Bursatil S.A.

Es del caso señalar, como se refirió en el escrito de denuncia, que en la causa que se instruye ante el Juez Bonadío, esta línea de investigación brilló por su ausencia, mostrando también desde esta perspectiva el carácter ilícito del ejercicio del poder jurisdiccional llevado a cabo por el magistrado.

En síntesis, queda claro que el partido gobernante, a través de los jefes de sus respectivos bloques de diputados, fabricaron una causa judicial con la complicidad del juez Bonadío. Luego, intentaron utilizar este proceso para forzar una devaluación, allanando el Banco Central en plena rueda de operaciones, dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Más tarde, mediante la presión ejercida a través de esta misma causa penal, forzaron la salida del anterior Presidente del BCRA, designaron nuevas autoridades y devaluaron el tipo de cambio en casi un cincuenta por ciento. Tal medida terminó beneficiando a los adquirentes de los contratos de dólares a futuro, entre los que se encuentran, precisamente, funcionarios y empresarios del más estrecho vínculo con el Presidente de la Nación. Por supuesto todo ello acusando a las anteriores autoridades de haber llevado a cabo un negocio ruinoso para el Estado del que ahora, según sale a la luz, ellos mismos resultaron directos beneficiarios.

4) Así las cosas, resulta imprescindible que V.S. disponga, de manera urgente, las diligencias probatorias tendientes a constatar la información proporcionada por el medio periodístico que acompaño.

Tener presente lo expuesto,

SERÁ JUSTICIA.